Los números detrás de la advertenciaPor meses, los grupos de negocios han advertido sobre un "abismo energético de las pymes" usando encuestas a los dueños. Ahora la propia radicación de la utilidad ante el regulador le pone números firmes: las facturas promedio de electricidad de las más de 75,000 cuentas comerciales que LUMA usa como referencia de las pequeñas y medianas empresas de Puerto Rico subieron 19% en un solo mes, de $579 en septiembre a $691 en octubre.^[1] El consumo apenas se movió, subió 2.5%, de 145.6 millones a 149.3 millones de kilovatios hora, mientras que la facturación total pasó de $43.5 millones a $51.9 millones, un aumento de más de $8 millones en un mes por esencialmente la misma cantidad de energía.^[2] Esa brecha apunta al precio, no al uso: el ajuste temporero de 5.28 centavos por kilovatio hora del cuarto trimestre del Negociado de Energía por sí solo representa aproximadamente $7.9 millones del salto, lo que implica un costo total de cerca de 34.8 centavos por kilovatio hora en octubre, en comparación con 29.9 centavos en septiembre. Lo que significa para los 75,000Tres números enmarcan la pregunta de asequibilidad que ahora enfrenta el Negociado de Energía. Primero, $4.6 millones de los balances de estas cuentas ya tienen más de 90 días de atraso, morosidad que se acumula antes de que transcurra el trimestre de invierno.^[3] Segundo, la advertencia del Centro Unido de Detallistas de que hasta 12,000 pequeñas empresas podrían cerrar, poniendo en riesgo cerca de 70,000 empleos, ahora tiene un conjunto oficial de datos de facturación que la respalda y no solo anécdotas de sus miembros.^[4] Tercero, los $3 millones en ayuda energética anunciados por la gobernadora llegarían a cerca de 1,000 negocios a $3,000 cada uno, aproximadamente 1.3% de las 75,000 cuentas, y menos de cinco meses de la factura promedio de octubre. Las cuentas apuntan a tratar la reducción de la factura como la principal herramienta de política pública en lugar de la ayuda posterior: un recorte de un cuarto de punto en el ajuste llega a cada cuenta automáticamente, mientras que una subvención de $3,000 cubre una fracción de las empresas más expuestas. El estimado de V2A Consulting de que un aumento adicional de 20% en los costos de energía sacaría cerca de $935 millones al año de la economía pone lo que está en juego en el contexto de una economía que ya está estancada.^[4] Lo que la radicación aún no puede decir importa para la próxima decisión: LUMA carece de los datos de ingresos y empleo que definen legalmente a una pyme, por lo que los reguladores todavía no pueden ver cuáles de las 75,000 cuentas son las empresas que realmente están en riesgo, ni si la ayuda les está llegando. Datos a nivel de cuenta ligados al tamaño y al sector mostrarían dónde el abismo es más profundo.^[1]