La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió el Proyecto de la Cámara 314 en la Ley 215-2026 el 29 de octubre de 2026, al transformar una medida presentada por el representante por acumulación Ramón Torres Cruz en un requisito a nivel estatal: toda agencia y departamento del gobierno debe cumplir con el Plan oficial de Prevención, Acción y Mitigación ante Incidentes de Tiradores Activos de la isla^{[1][2][3][4][5]}. El mandato llega mediante una enmienda a la Ley 8-2024, que creó el plan para las instalaciones públicas y escolares de Puerto Rico pero no obligaba a cada agencia a implementarlo^[6][7][8]. El nuevo Artículo 9 marca el reloj: las agencias tienen 60 días desde la aprobación de la ley para adoptar o actualizar los reglamentos, órdenes, directrices y protocolos que pongan en vigor el plan^[9][10], y el gobierno debe establecer acuerdos con los municipios y las instituciones privadas para que adopten las mismas medidas^[11]. La ley entró en vigor de inmediato al aprobarse^[12]. La medida avanzó lentamente hasta llegar ahí: radicada el 7 de febrero de 2025, con aprobación final en la Cámara el 16 de abril de 2026 y aprobación final en el Senado el 3 de septiembre de 2026, antes de su promulgación^[13][14][15]. La exposición de motivos de la ley fundamenta el mandato en cifras contundentes: estadísticas del FBI muestran que los incidentes de tiradores activos en Estados Unidos se duplicaron de 20 en 2016 a 40 en 2020, dejando 126 heridos y 38 muertos en ese periodo, sin contar a los tiradores, y cerca de seis incidentes reportados cerca de instalaciones escolares de Puerto Rico desde 2012^[16][17][18]. El Departamento de Educación ya había anunciado talleres sobre tiradores activos para directores de escuelas en diciembre de 2022^[19]. La prueba a corto plazo es el reloj de 60 días. Las agencias que no tenían obligación de ejecutar el plan ahora deben entregar protocolos actualizados en un plazo que fija la ley, y los acuerdos requeridos extienden el mismo esquema a los municipios y las instituciones privadas, la diferencia entre un plan que existe en papel y uno que el gobierno pone en marcha.