La Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico pidió el 27 de octubre que la suspensión propuesta del IVU no entre en vigor hasta que la junta complete una revisión completa. ^[1] En una carta de cuatro páginas a la gobernadora Jenniffer González Colón y a los líderes legislativos, la junta dijo que el gobierno no había identificado una fuente de financiamiento para cubrir la pérdida de ingresos, que estimó en $56.8 millones. ^[2][3][4] La suspensión propuesta correría del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2026, cubriendo el 6% del IVU sobre alimentos preparados, bebidas carbonatadas, dulces y confitería. ^[5][6] El estimado propio de La Fortaleza situó los ingresos no percibidos entre $15 y $25 millones por mes, hasta cerca de $50 millones. ^[7][8] El director ejecutivo de la junta, Robert F. Mujica, argumentó que la exención atiende un síntoma, no la causa raíz de los altos costos de electricidad, y criticó que se proponga un alivio fuera del proceso formal de presupuesto. ^[9][10] La carta llegó con la tarifa residencial de electricidad en 33.86 centavos por kWh para octubre-diciembre de 2026, la más alta registrada desde 2020, y señaló que los recaudos de impuestos se han mantenido casi estancados por cuatro años fiscales consecutivos. ^[11][12] La junta también dijo que el alivio temporero no sustituye una reforma contributiva integral. ^[13] Hasta que esa revisión cierre, la suspensión propuesta permanece en pausa.