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sábado, 21 de noviembre de 2026 · UTC
Economía

Ley 235 le da tiempo a las pequeñas empresas de Puerto Rico con deudas eléctricas, esto es lo que realmente establece

Pagos iniciales limitados al 10 %, plazos de pago de hasta 36 meses, aumentos del cargo por combustible distribuidos en seis meses. Lo que ofrece la nueva ley de planes de pago a las pymes, y el problema de las tarifas que no resuelve.

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Se apoya en 8 fuentes verificadas de 1 editor.
Lo que realmente establece la nueva leyLas pequeñas empresas de Puerto Rico cuentan con una nueva herramienta frente a las deudas por servicio eléctrico. La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 235-2026, Ley de Planes de Pago para Garantizar la Continuidad de Servicios Esenciales, que se originó como el PC 133 del representante Jorge Navarro Suárez. Entrará en vigor 60 días después de su aprobación y aplicará a las solicitudes de planes presentadas a partir de esa fecha.[1][2] La magnitud del problema al que responde la medida se detalla en el propio proyecto de ley: al diciembre de 2024, los clientes comerciales acumulaban aproximadamente 87.08 millones de dólares en facturas eléctricas vencidas. Grupos empresariales han advertido que hasta 12 000 pequeñas y medianas empresas podrían cerrar, poniendo en riesgo unos 70 000 empleos, si no se atiende directamente la situación de las facturas de electricidad.[3][4] El marco para las pymesPara las pequeñas empresas que califiquen, la ley limita el pago inicial al 10 % del saldo pendiente. Exime completamente este pago inicial a negocios que hayan registrado como máximo un pago atrasado en los últimos 12 meses, y extiende el plazo de amortización hasta 24 meses, o 36 meses para deudas superiores a 10 000 dólares. No se cobrarán intereses durante los primeros 12 meses. Mientras la empresa cumpla puntualmente tanto con los pagos del plan acordado como con las facturas nuevas, la empresa eléctrica no podrá cortar el servicio por la deuda incluida en el plan ni cobrar cargos adicionales por mora.[5] Existe una segunda protección contra aumentos repentinos en las facturas: cuando el ajuste por costo de combustible y energía comprada suba 3 centavos por kilovatio hora o más de un trimestre a otro, los proveedores deberán ofrecer a las pequeñas empresas la opción de distribuir ese aumento en seis cuotas mensuales sin intereses. También se establecen protecciones para los hogares: planes de pago ajustados a la capacidad económica, pagos iniciales de entre 5 % y 20 %, y cuotas limitadas al 5 % de los ingresos mensuales del hogar.[6] Lo que la ley expresamente no resuelveLa advertencia clara, en una frase: esta ley no reduce las tarifas eléctricas. Regula la gestión de deudas y los cortes de servicio, no el precio por kilovatio hora. La presión sobre los costos continúa: LUMA informó un déficit por costo de combustible de 54.4 millones de dólares correspondiente al mes de septiembre, que podría generar un nuevo ajuste tarifario. Los grupos empresariales, que impulsaron unas 20 medidas legislativas en octubre, han señalado explícitamente que los alivios a corto plazo deben acompañarse de soluciones estructurales para reducir costos.[7][8] Nuestro análisis: cómo aprovechar este plazoPara una pequeña empresa que se encuentra ahogada por un saldo vencido, los pasos son prácticos: el plazo de 60 días para la entrada en vigor significa que las condiciones aún no aplican, por lo que debe organizar y documentar el estado de su cuenta desde ahora. La exención del pago inicial aplica solo para quienes mantuvieron un historial de pagos al día durante 12 meses, y la opción de distribuir aumentos cubre únicamente los incrementos trimestrales que cumplan con los requisitos establecidos. Luego planifique sus finanzas teniendo en cuenta la regla de incumplimientos: la ley garantiza una sola oportunidad para restablecer el plan de pago si se atrasa en dos cuotas; no se otorgará un segundo plan. Para los encargados de formular políticas, los informes semestrales que obliga la ley, sobre planes aprobados, cumplimiento de pagos y cuentas incobrables, generarán dentro de un año los primeros datos concretos para confirmar si los alivios de pago realmente logran mantener abiertos los negocios. Esta información será la base para las próximas reformas estructurales. Fuente: cobertura detallada de la nueva ley publicada por Caribbean Business.
Referencias8 fuentes · 1 medio
En qué se apoya
  1. La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 235-2026 del plan de pago de servicios públicos. · caribbean.business
  2. La ley entra en vigor 60 días después de su aprobación. · caribbean.business
  3. Los clientes comerciales tenían facturas eléctricas vencidas por $87.08 millones al diciembre de 2024. · caribbean.business
  4. Hasta 12000 pequeños negocios corren riesgo de cierre sin reducciones en las facturas de electricidad. · caribbean.business
  5. La ley permite que los negocios distribuyan los saldos vencidos en un plazo de hasta 36 meses. · caribbean.business
  6. La ley permite distribuir los aumentos calificados del costo del combustible en un plazo de seis meses. · caribbean.business
  7. Esta ley no reduce las tarifas de servicios públicos. · caribbean.business
  8. LUMA Energy informó un déficit de costo de combustible de septiembre por $54.4 millones. · caribbean.business
No sabemos desde qué país publican. Ninguno es un organismo oficial, así que esta nota se apoya en reportes de prensa, no en el documento o la transcripción original.