La gobernadora Jenniffer González Colón anunció la asignación de $114.4 millones para mejoras de carreteras en 42 municipios de la isla el 8 de octubre.^[1] Ese mismo día, el Negociado de Energía de Puerto Rico rechazó la propuesta de Genera PR de someter a FEMA un proyecto de agua por desalinización para las plantas eléctricas de San Juan y Palo Seco.^[2] La senadora Ada Álvarez Conde también radicó querellas oficiales ante el Contralor y el Inspector General sobre trabajo de contratos públicos de LAP Consulting Group.^[3] Varios cuerpos públicos presentaron críticas formales contra LUMA Energy esta semana. El NMEAD, la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes reportaron deficiencias en la comunicación y coordinación de la utilidad durante los apagones.^[4] Funcionarios del gobierno de Puerto Rico indicaron que casi el 70% de los $1.3 billones en costos de transición que reclama LUMA consisten en obligaciones operacionales normales.^[5]