El gobierno de Puerto Rico entra al precipicio de Medicaid del otoño de 2027 con su mayor petición al Congreso hasta la fecha sobre el papel y sin un plan de contingencia disponible. El acuerdo federal que elevó la porción federal del financiamiento de Plan Vital al 76 por ciento expira el 1 de octubre de 2027, y a falta de nueva legislación la contribución federal baja a 55 por ciento^[1], un recorte de aproximadamente 90 por ciento en fondos federales que entra en vigor el 30 de septiembre de 2027.^[2] La administración González Colón no tiene un plan de contingencia para recortes de cubierta o exclusiones de beneficiarios si el Congreso no actúa; toda su estrategia es cabildear a los legisladores federales para que arreglen el asunto.^[3][4] Si el Congreso no actúa, entre 860,000 y 1 millón de beneficiarios de Plan Vital perderían la cubierta y el gobierno enfrentaría un déficit de aproximadamente $3,300 millones.^[5][6] Las cifras ponen en contexto cuán distinto es el programa de Puerto Rico del Medicaid estatal. Plan Vital cubre a cerca del 40 por ciento de los residentes de la isla, más del doble de la porción que Medicaid cubre en los estados.^[7] La Junta Asesora Multisectorial sobre el Programa de Medicaid de Puerto Rico, creada por la gobernadora Jenniffer González Colón mediante la Orden Ejecutiva 2026-006^[8], divulgó su informe final en el que exhorta al Congreso a arreglar el financiamiento de Medicaid de la isla antes del año fiscal 2028.^[9][10] La recomendación central de la junta es eliminar el tope de fondos federales de Medicaid para que la isla obtenga fondos según la necesidad real, como hacen los estados; sin acción del Congreso, los fondos de Medicaid para Puerto Rico podrían bajar $3.36 billones anuales.^[11][12] Las probabilidades de que Puerto Rico evite el precipicio completo mejoraron tras las elecciones congresionales del 3 de noviembre de 2026.^[13] Si aun así se reduce el apoyo federal y el programa tuviera que financiarse localmente, el costo para el erario de Puerto Rico ascendería a unos $4.85 billones en el año fiscal 2028.^[14] La petición tiene peso más allá de las fronteras de la isla: la tasa de error de pagos de Medicaid de Puerto Rico, de 2.51 por ciento^[15], es menos de la mitad del promedio nacional de 5.09 por ciento^[16], un argumento que la administración tiene la intención de presentar mientras cabildea por un trato igualitario bajo las fórmulas de financiamiento federal.