The tax that outlived its debt: Puerto Rico's crudita survived the fight to kill it
Proyecto Dignidad's $400 million challenge stalled against $1.675 billion in Fiscal Control Board math - and the battle has moved from the gas pump to the power bill.
The crudita was born in 2015 as a fiscal emergency tool [1]: in December 2014, Puerto Rico's House approved a bill [2] raising the crude-oil excise from $9.25 to $15.50 per barrel [3], and Governor Alejandro García Padilla signed it into law on January 16, 2015 [4]. Its purpose was narrow - paying Highways and Transportation Authority debt [5]. That debt has since been restructured [6]. The tax remains, its revenue now flowing as general government income [7], at a cost to consumers of $15.50 per barrel - 36.9 cents per gallon [8].
The fight to end it came on May 1, when Proyecto Dignidad proposed eliminating the tax outright [9]. The party's arithmetic: the government spends $1,400 million a year on professional-services and consultant contracts [10] - about 20 percent of operational spending [11] - and cutting $400 million of that would pay for the crudita's elimination without touching essential services [12]. "If there are $1,400 million in contracts, there is room to cut $400 million," said Luis Yordán Frau, the party's vice president [13].
What stalled the proposal was the government's balance sheet, not its arguments. Crudita and base-levy revenues averaged 4.09 percent of the General Fund across fiscal 2024 and 2025 [14] - $590 million in fiscal 2024 [15] and $558 million in fiscal 2025 [16]. The Fiscal Control Board estimates full elimination would cost the treasury approximately $1,675 million over five fiscal years [17]. Treasury Secretary Ángel Pantoja cautioned that removing the levy would not automatically lower the retail price at the pump, because the effect varies with how fuel-intensive each sector is [18]. AAFAF's fiscal office stated the revenues are now part of the General Fund's recurring income [19], and required that any change follow fiscal neutrality, with lost revenue offset [20].
In October, La Fortaleza made its position explicit. Public-affairs secretary Jean Peña Payano said the administration does not favor the crudita, but the tax will remain for now [21], with an annual budget impact of almost $1 billion [22] - and no replacement mechanism identified [23]. "Eliminating it complicates the game," he said [24]. The Oversight Board's own assessment letter, sent by executive director Robert F. Mujica, concluded that a standalone crudita repeal is not realistic [25][26]. Peña Payano pointed at the tax's origin: imposed under García Padilla's administration [27]. Gasoline retailers, squeezed to margins that survive only on convenience-store sales, watch the fight from the pump [28].
The fight has not ended. The Senate Hacienda Commission has been reviewing Senate Resolution 461 on the crudita [29], and the Senate has proposed formally investigating the tax and its impact on consumers [30].
Meanwhile, the stakes have moved from the gas pump to the power bill. Residential subscribers are paying a record 33.86 cents per kilowatt-hour from October through December [31] - a contrast Peña Payano himself called untenable, against relief efforts for more than 55,000 retirees living on under $1,000 a month and a nearly $48 monthly bill increase [32]. Proyecto Dignidad returned in October with a revised path: roughly $500 million in budget economies to replace the crudita's revenues [33], though the party's communiqué does not identify the specific budget lines the savings would come from [34]. It also proposes an Energy Stabilization Fund to cushion quarterly fuel-price swings [35] - a mechanism Senators Ángel Toledo López and Joanne Rodríguez Veve have pushed in parallel [36] ��� alongside a cost accounting for the Amur River vessel dispute, whose ship docked October 13 after nearly a month of delays [37][38], and support for House Resolution 841 investigating the Port of Ponce's energy future [39].
The through-line is the one Antonio (Tony) Santos drew in May on his Vozscribe substack, calling the crudita a case of "the preservation of outdated levies" and demanding a results-based sunset review of excise taxes [40]. The question no longer waits on a business summit: it is whether a levy built for a debt that no longer exists can outlast a fight that has now moved on to the price of keeping the lights on.La crudita surgió en 2015 como una medida de emergencia fiscal [1]: en diciembre de 2014, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó un proyecto de ley [2] que aumentó el impuesto especial sobre petróleo crudo de 9,25 a 15,50 dólares por barril [3]. El gobernador Alejandro García Padilla lo convirtió en ley el 16 de enero de 2015 [4]. Su objetivo era muy específico: pagar la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transporte [5]. Esa deuda ya fue reestructurada [6]. Sin embargo, el impuesto se mantiene. Sus ingresos pasaron a formar parte del fondo general del Gobierno [7], con un costo para los consumidores de 15,50 dólares por barril, equivalente a 36,9 centavos por galón [8].
La campaña para eliminarlo comenzó el 1 de mayo, cuando Proyecto Dignidad propuso derogar este impuesto en su totalidad [9]. El cálculo del partido es el siguiente: el Gobierno gasta 1.400 millones de dólares anuales en contratos de servicios profesionales y consultoría [10], alrededor del 20 por ciento del gasto operativo [11]. Recortar 400 millones de dólares de ese rubro permitiría eliminar la crudita sin afectar servicios esenciales, según la propuesta [12]. «Si existen 1.400 millones en contratos, hay margen para recortar 400 millones», declaró Luis Yordán Frau, vicepresidente del partido [13].
Lo que frenó la propuesta no fueron los argumentos, sino las cifras oficiales del erario. Los ingresos por la crudita y el gravamen base representaron en promedio el 4,09 por ciento del Fondo General durante los años fiscales 2024 y 2025 [14]: 590 millones de dólares en el año fiscal 2024 [15] y 558 millones en el 2025 [16]. La Junta de Supervisión Fiscal estima que la eliminación total le costaría al erario aproximadamente 1.675 millones de dólares en el transcurso de cinco años fiscales [17]. El secretario del Tesoro, Ángel Pantoja, advirtió que derogar el impuesto no garantiza una reducción automática del precio de la gasolina en las bombas, ya que el impacto varía según la intensidad de consumo de combustible de cada sector [18]. La oficina fiscal de la AAFAF indicó que estos ingresos ya forman parte de los ingresos recurrentes del Fondo General [19], y estableció que cualquier modificación debe cumplir con neutralidad fiscal, compensando la pérdida de recursos [20].
En octubre, La Fortaleza hizo pública su posición oficial. El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, declaró que la administración no apoya la crudita, pero el impuesto se mantendrá por el momento [21], ya que representa un impacto presupuestario anual de casi 1.000 millones de dólares [22] y no se ha identificado ningún mecanismo para reemplazarlo [23]. «Eliminarlo complica todo el escenario», afirmó [24]. Por su parte, la carta de evaluación de la Junta de Supervisión, enviada por su director ejecutivo Robert F. Mujica, concluyó que una derogación aislada de la crudita no es viable [25][26]. Peña Payano recordó que este impuesto fue impuesto durante la administración de García Padilla [27]. Los expendedores de gasolina, que operan con márgenes tan reducidos que solo subsisten por las ventas de las tiendas de conveniencia, siguen de cerca la disputa desde las bombas [28].
La pelea no ha terminado. La Comisión de Hacienda del Senado está analizando la Resolución del Senado 461 sobre la crudita [29], y el cuerpo legislativo propuso abrir una investigación formal sobre este impuesto y su impacto en los consumidores [30].
Mientras tanto, el centro de la disputa pasó de la bomba de gasolina a la factura de energía eléctrica. Los abonados residenciales pagan un precio histórico de 33,86 centavos por kilovatio hora entre octubre y diciembre [31]. El propio Peña Payano calificó esta situación como insostenible, especialmente cuando se implementan ayudas para más de 55.000 jubilados que perciben menos de 1.000 dólares mensuales, al tiempo que se registró un aumento de casi 48 dólares en la factura mensual promedio [32]. Proyecto Dignidad presentó en octubre una propuesta revisada: lograr alrededor de 500 millones de dólares en ahorros presupuestarios para reemplazar los ingresos de la crudita [33], aunque el comunicado del partido no especifica de qué partidas presupuestarias saldrían esos recortes [34]. También propone un Fondo de Estabilización Energética para amortiguar las fluctuaciones trimestrales del precio de los combustibles [35], una medida que los senadores Ángel Toledo López y Joanne Rodríguez Veve han impulsado de forma paralela [36]. Junto a esto, se pide un análisis de costos por la disputa del buque Amur River, que atracó el 13 de octubre después de casi un mes de retrasos [37][38], así como apoyo a la Resolución de la Cámara 841 que investiga el futuro energético del Puerto de Ponce [39].
El hilo común de toda esta discusión fue señalado por Antonio (Tony) Santos en mayo en su boletín Vozscribe, cuando calificó la crudita como un ejemplo de «permanencia de gravámenes obsoletos» y reclamó revisiones de vencimiento basadas en resultados para todos los impuestos especiales [40]. La pregunta ya no se resolverá en una cumbre empresarial: se trata de si un impuesto creado para pagar una deuda que ya no existe podrá sobrevivir a una disputa que ahora gira alrededor del precio de mantener la luz encendida.
The government spends $1,400 million annually on professional service contracts and consultants. · metro.prPuerto Rico
About 20 percent of the government's operational spending goes to external contracts, many of which are duplicated, unnecessary, or used to replace functions the government should handle. · metro.prPuerto Rico
Proyecto Dignidad proposes to cut $400 million from this spending to eliminate the "crudita" without affecting essential services. · metro.prPuerto Rico
Luis Yordan Frau, vice president of Proyecto Dignidad, stated that there is space to cut $400 million from $1,400 million in contracts. · metro.prPuerto Rico
Crudita and base levy averaged 4.09 percent of General Fund income 2024 to 2025. · metro.prPuerto Rico
2024 crudita plus base levy revenue was $590 million. · aafaf.pr.govUnited Statesofficial source
2025 crudita plus base levy revenue was $558 million. · aafaf.pr.govUnited Statesofficial source
The Fiscal Control Board estimates fully eliminating the crudita would cost the treasury a cumulative loss of approximately $1,675 million over the next five fiscal years. · document
Puerto Rico Treasury Secretary Ángel Pantoja cautioned that eliminating the crudita would not automatically lower the retail price at the pump. · document
AAFAF stated crudita revenues are now part of General Fund recurring income. · metro.prPuerto Rico
AAFAF required any levy change follow fiscal neutrality and offset lost revenue. · metro.prPuerto Rico
Jean Peña Payano is La Fortaleza public-affairs secretary. In October 2026, he stated the administration does not favor the crudita tax. The crudita tax will remain for now. Eliminating this tax would hit the budget by nearly $1 billion per year. No replacement mechanism for the tax has been identified. · document
Eliminating the crudita tax would impact the budget by almost $1 billion. · aafaf.pr.govUnited Statesofficial source
No viable replacement for crudita tax revenue has been identified. · aafaf.pr.govUnited Statesofficial source
Peña Payano said eliminating the crudita complicates the game. · document
The Oversight Board states standalone Crudita repeal is not realistic. · caribbean.business
Robert F. Mujica sent the Crudita repeal assessment letter for the Oversight Board. · caribbean.business
Peña Payano noted the crudita was imposed under Governor Alejandro García Padilla's administration. · document
Carlos Crespo stated gas-station retailers operate on thin margins. · document
Senate Hacienda Commission began reviewing Senate Resolution 461 about crudita. · metro.prPuerto Rico
Puerto Rico Senate proposed investigating the crudita tax. · aafaf.pr.govUnited Statesofficial source
Puerto Rico electric system residential subscribers pay a record 33.86 cents per kilowatt-hour October through December 2026. · document
Peña Payano contrasted the record power rate with the governor's relief effort. · document
One proposal is to eliminate the crudita tax using $500 million in government budget savings. · indiario.com
Proyecto Dignidad's October proposal says roughly $500 million in budget economies could replace the crudita's revenues without affecting essential services or fiscal obligations. The party's communiqué does not identify the specific budget lines the savings would come from. · document
A second proposal is to create an Energy Stabilization Fund. · indiario.com
Senators Angel Toledo Lopez and Joan Rodriguez Veve proposed creating an electricity-rate stabilization fund for Puerto Rico estimated to start with $200 million. · Proposed Fondo de Estabilizacion Tarifaria, Puerto Rico Senate Nov 2026 (English translation, first-party)
The Amur River vessel docked in San Juan on 2026-10-13 after nearly one month of delays. · indiario.com
Proyecto Dignidad wants accounting of Amur River vessel dispute costs. · document
Proyecto Dignidad endorsed House Resolution 841 by Representative Lisie Burgos Muñiz. This resolution will investigate the fiscal, operational and infrastructure situation of the Port of Ponce to evaluate liquefied natural gas operations and other energy alternatives. · document
Antonio (Tony) Santos published a column titled 'The Friction Tax' on his personal Substack Vozscribe on May 3, 2026. · document
They publish from Puerto Rico, United States. We do not know which country the other 5 publish from. 1 is an official body, so this traces to the document itself.