El proyectoPuerto Rico hoy grava los dividendos pagados a individuos extranjeros no residentes a 15% y a corporaciones extranjeras no dedicadas a una industria o negocio en la isla a 10% ^[1][2]. El Proyecto de la Cámara 952, de la autoría del presidente de la Cámara Carlos "Johnny" Méndez Núñez y otros legisladores, permitiría que residentes cualificados de España y corporaciones españolas elegibles tributen bajo el tratado contributivo entre Estados Unidos y España en lugar de esas tasas locales estándar ^[3]. Bajo el protocolo de 2013 del tratado, los dividendos generalmente conllevan una tasa de 15%, 5% cuando el receptor posee al menos 10% de las acciones con derecho a voto, y 0% para una compañía que posea más de 80% por al menos 12 meses ^[4][5][6]. Leído frente a las propias tasas de Puerto Rico, los verdaderos beneficiarios del proyecto son los accionistas corporativos, precisamente el perfil de una compañía que establece operaciones y capital en la isla. Los inversionistas individuales españoles en su mayoría verían el mismo 15% que ya pagan. La objeción de la JuntaLa Junta de Supervisión y Administración Financiera advirtió esta semana que el proyecto, tal como está redactado, viola la Sección 204(c) de PROMESA, que exige que las nuevas leyes se mantengan consistentes con el plan fiscal certificado ^[7]. La Junta cita un análisis legislativo que estima el costo en $383,100 en ingresos perdidos por cada 1% de dividendos cualificados, y señala que el proyecto no incluye mecanismo alguno para reemplazarlo ^[8][9]. La aritmética merece honestidad en ambas direcciones. Al escalar esa estimación por punto a la base completa de dividendos, el tope implícito es de aproximadamente $38 millones al año, una suma modesta frente al capital que corteja el proyecto, pero una real para un plan fiscal que opera con márgenes estrechos. La objeción de la Junta se trata menos de hostilidad hacia la inversión extranjera que de la mitad faltante del balance: el costo se puede contar hoy, mientras que la inversión que podría atraer nunca se ha estimado públicamente. La parte que sobrevive al proyectoSolo los negociadores federales pueden cerrar la brecha subyacente, pues el tratado entre Estados Unidos y España no incluye expresamente a Puerto Rico ^[10], y la gobernadora Jenniffer González Colón ya le pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que atienda la doble tributación durante una misión comercial a España en noviembre de 2025 ^[11]. Esa es la solución duradera, y no le cuesta un centavo al plan fiscal. El camino viable es, por lo tanto, de dos vías: mantener en movimiento la petición del tratado en Washington, y si los legisladores quieren la solución local, traerla a la mesa con una compensación adjunta, como la propia Junta recomienda, integrada en una reforma contributiva más amplia ^[12]. Puerto Rico ha pasado una década demostrando que los incentivos pueden mover capital. El próximo paso es demostrar que pueden diseñarse para sobrevivir la disciplina fiscal.