Las empresas titulares de decretos de incentivos de Puerto Rico informaron al gobierno que vendieron bienes y servicios por 114.72 mil millones de dólares en 2024. Esta cifra es el eje del informe anual de incentivos que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) presenta al Gobernador y a la Legislatura conforme al artículo 6011.08 de la Ley 60-2019, publicado el 26 de mayo de 2026.

La manufactura acogida a los decretos históricos de la Ley 73/83 representó 83.34 mil millones de dólares del total. Los titulares de decretos de manufactura de la Ley 135 sumaron 8.90 mil millones de dólares. Las empresas de servicios de exportación que operan bajo la Ley 20 reportaron 22.48 mil millones de dólares. Se trata de ventas declaradas: corresponden a las presentaciones propias de los titulares de decretos, son un recuento bruto de ingresos y no una medición del valor agregado. Esta cifra debe compararse con el tamaño de la economía total de Puerto Rico, no tomarse como equivalente a la misma.

Los puestos de trabajo asociados a estas ventas también son declarados por las propias empresas, y su volumen es elevado: 119.439 en total entre los tres programas durante 2024. Los manufactureros de la Ley 73/83 reportaron 84.474 puestos, 28.472 más de los que comprometieron en sus decretos, un exceso del 50,8 por ciento. Los manufactureros de la Ley 135 informaron 14.028 empleados a tiempo completo. Las firmas de servicios de exportación de la Ley 20 reportaron 20.937 puestos. La nómina total declarada suma aproximadamente 5.50 mil millones de dólares.

Los inversionistas residentes titulares de decretos de la Ley 60 presentan un perfil distinto. Este grupo reportó 3.505 empresas operando en Puerto Rico, gastos por 612,8 millones de dólares en la isla y propiedades por un valor de 8.14 mil millones de dólares. También informaron donaciones por 33,5 millones de dólares, con una mediana de 10.000 dólares entre quienes realizaron aportes.

Como respuesta a las cifras autodeclaradas, el gobierno ha implementado mayores mecanismos de verificación. El IANE, la declaración anual que deben presentar todas las empresas exentas titulares de decretos, se amplió de 5 a aproximadamente 20 programas, y la cantidad de presentaciones aumentó un 161,4 por ciento en solo un año. Durante la ronda de auditorías de 2025, la oficina de incentivos emitió 305 notificaciones de deficiencia y multas, y procesó 887 renuncias voluntarias a decretos.

El propio informe reconoce abiertamente los problemas con los plazos: indica que las fechas límite del 30 de septiembre y 31 de enero no pueden cumplirse en la práctica, ya que las declaraciones anuales de los titulares de decretos vencen hasta el 15 de noviembre del año siguiente. La próxima fecha límite es inminente: como señaló Metro esta semana, el plazo para presentar el IANE vence el lunes 16 de noviembre de 2026.