La Asociación de Economistas de Puerto Rico le puso un número a cómo sus miembros califican la primera década de la Junta de Supervisión Fiscal, y la nota es de suspenso. El sesenta por ciento de los economistas encuestados evaluó desfavorablemente el desempeño de la Junta en 10 años, y siete de cada 10 cuestionaron su aportación al crecimiento económico.^[1][2] La Junta ha pasado esos 10 años como la entidad responsable de enderezar las finanzas públicas de Puerto Rico.^[3] El veredicto de la encuesta va más allá del crecimiento: la mayoría de los economistas encuestados dijo que la Junta no ha ayudado a reducir la corrupción gubernamental, y la mayoría dijo que no ha creado las condiciones para evitar una nueva insolvencia.^[4][5] Los resultados fueron presentados por la asociación como parte de su evaluación, anunciada previamente, de la Junta de Supervisión Fiscal creada bajo la Ley PROMESA.^[6][7]