El relojNew Fortress Energy suspendió el suministro de gas natural a las unidades generadoras de San Juan y Palo Seco el 31 de octubre. El combustible sustituto se paga día tras día a precio elevado: operar estas unidades con diésel ya ha generado aproximadamente 118 millones de dólares en costos adicionales, a razón de unos 1.2 millones de dólares por día.^[1][2][3] El Negociado de Energía emitió el aviso formal de incumplimiento el 24 de octubre. Este documento abrió un plazo de diez días, que vence la próxima semana, para que NFE corrija las fallas, o enfrente la terminación del contrato por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica.^[4] La instancia inmediata se encuentra en el tribunal federal. Allí se ordenó la comparecencia de la AEE y NFE el 13 de noviembre, para informar si un proveedor de gas alterno podrá utilizar las instalaciones de la terminal de la bahía de San Juan para entregar el combustible que NFE se niega a suministrar.^[5] El punto de estrangulamientoEste es el problema estructural que convierte una disputa contractual en crisis: NFE posee el arrendamiento de la única instalación en la costa norte de Puerto Rico donde se puede importar gas natural licuado, y este contrato vence en 2038.^[6] Todo proveedor sustituto, Crowley, Naturgy y Javelin mantienen conversaciones al respecto desde el 3 de noviembre, debe operar obligatoriamente a través de infraestructura controlada por su competidor.^[7] La respuesta de estos proveedores, revelada en testimonio ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Representantes el 12 de noviembre y reportada primero por NotiCel y Ey Boricua, es una negativa rotunda: las tres empresas están dispuestas a vender gas natural licuado, pero ninguna entregará su carga a NFE ni firmará un acuerdo de uso de instalaciones directamente con esta compañía. Exigen garantías de pago por parte del Gobierno y solicitan que la AEE, a través de la Autoridad de Asociaciones Público Privadas, sea la parte contratante.^[8][9] Mientras tanto, la propia NFE mantiene deudas por el arrendamiento de la terminal: al 1 de noviembre adeudaba 355.761,14 dólares a la Autoridad de Puertos. Paralelamente, los reguladores evalúan si la conducta de la empresa en la terminal y la cadena de suministro constituye comportamiento anticompetitivo que justifique la remisión del caso a la Comisión Federal de Energía y la aplicación de las leyes antimonopolio de Puerto Rico.^[10][11][12] La vía de salidaMientras los abogados debaten sobre la terminal, una presentación menos visible señala el escenario posterior. Innovation Force Solar Systems elaboró una propuesta no solicitada de asociación público privada para un centro de almacenamiento de baterías de 800 megavatios en Salinas. El proyecto fue revelado en una intervención presentada en el procedimiento de suministro de gas del Negociado de Energía, y reportado primero por Caribbean Business.^[13][14] Con 800 megavatios, esta instalación superaría la capacidad de todos los proyectos de baterías que se construyen actualmente en la isla. Cuenta con un socio desarrollador español, EWattio, empresa que administra más de 138 proyectos de energía renovable en España y Portugal.^[15][16] El propio planteamiento de la propuesta deja clara su intención: invoca la Ley de Asociaciones Público Privadas de 2009 «ante la crisis generada por la vulnerabilidad de depender de combustibles fósiles importados». Un centro de almacenamiento no reemplaza el gas como combustible, pero es la pieza de infraestructura que reduce la dependencia de la red eléctrica de cualquier proveedor único: la energía almacenada responde en fracciones de segundo cuando una unidad generadora falla, y permite que la energía solar diaria cubra el pico de consumo de la tarde.^[13] La conclusiónPara los usuarios del servicio eléctrico, la pregunta a corto plazo es cuánto de los 118 millones de dólares de sobrecosto por diésel autorizará finalmente el Negociado de Energía para incluir en la tarifa. Esta decisión aún no se ha tomado.^[2] Para los negociadores del Gobierno, la negativa de los proveedores a tratar directamente con NFE simplifica el esquema: cualquier acuerdo de suministro sustituto será un contrato directo entre el Gobierno y el proveedor, reduciendo a NFE al rol de simple arrendador. Esta es también la forma más rápida de debilitar el control exclusivo sobre la terminal que vence en 2038. Para quienes construyen el futuro energético de la isla, esta propuesta es un recordatorio: la respuesta duradera al chantaje por suministro de combustible no es buscar un segundo proveedor de gas. Es construir capacidad que no dependa en absoluto de combustibles importados. El proyecto aún debe pasar por la revisión de viabilidad de la Autoridad de Asociaciones Público Privadas y todo el proceso regulatorio correspondiente. Su costo y esquema de financiamiento no han sido revelados. Pero la secuencia es relevante: la crisis expuso la dependencia, y la alternativa ya está sobre la mesa, no solo en documentos de estudio.