El Colegio de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico solicitó formalmente al Negociado de Energía de Puerto Rico el 27 de octubre una vista pública sobre un aumento propuesto en la tarifa eléctrica.^[1] El grupo, conocido en español como el Colegio de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico, o CASS, presentó la solicitud para oponerse al alza tarifaria propuesta.^[2] Ese mismo día, los administradores de servicios de salud en Puerto Rico también presentaron una querella legal formal contra LUMA.^[3] El colegio dice que lo que está en juego es de carácter operacional: el CASS advirtió que las altas tarifas eléctricas perjudican las operaciones de las instalaciones de salud,^[4] y más de 800 entidades de salud enfrentan aumentos en el precio de la electricidad.^[5] El CASS ha solicitado tarifas eléctricas especiales para las instalaciones de salud.^[6] La solicitud llega semanas después de que un aumento en la tarifa eléctrica de casi 20% entrara en vigor a principios de octubre de 2026.^[7] LUMA Energy, por su parte, reportó una brecha presupuestaria de $48 millones para septiembre de 2026.^[8] Al momento de la presentación del colegio, el Negociado de Energía no había respondido.^[9]