Qué cambió esta semanaLa Cámara aprobó el jueves el Código de Planificación y Permisos, sustituto de los Proyectos del Senado 1173 y 1183, con enmiendas, por una votación de 28 contra 24. La medida fue remitida de inmediato a un comité de conciliación entre ambas cámaras.^[1][2][3] Este comité cuenta con plazo hasta el martes para redactar el texto final. Esto significa que la versión que finalmente llegue a los abogados de las empresas esta semana aún se encuentra en elaboración.^[4][5][6] La sección que todo dueño de pequeño negocio debe leer primeroSi las disposiciones para pequeñas y medianas empresas sobreviven la etapa de conciliación, el cambio irá mucho más allá de agilizar trámites. Una empresa con volumen anual de negocios de 3 millones de dólares o menos ya no tendrá que solicitar un permiso para abrir: solo deberá presentar una notificación a través del sistema digital unificado, cumplir con parámetros objetivos de intensidad zonificadora y comenzar operaciones. La fiscalización gubernamental pasará a realizarse por auditoría posterior a la apertura, en lugar de funcionar como un filtro previo.^[7] Para un negocio que actualmente presupuesta seis meses y los honorarios de un consultor para abrir legalmente un local o taller, esta modificación significa que la fecha de apertura ya no dependerá del calendario de un funcionario examinador, sino del propio dueño. Dos detalles técnicos definirán si esta medida cumple lo prometido. El primero es la definición de trámite "ministerial": si el texto de conciliación reduce el alcance de este término, la vía automática se reducirá en la misma medida. El segundo es el costo: el código ordena al DDEC revisar anualmente los aranceles, y establece una tarifa de presentación reducida en un 25% para municipios y agencias gubernamentales. Esta vía se mantendrá accesible solo si los aranceles se calculan por costo del servicio, no como fuente de ingresos.^[7] Qué proyectos entran en la vía rápida, y a qué se condicionan las aprobacionesLos proyectos de mayor escala contarán con su propio trámite diferenciado. Hoteles e inversiones mayores, proyectos designados por el Gobernador, desarrollos en Zonas de Oportunidad bajo el Código de Incentivos y proyectos críticos según la Sección 503 de PROMESA, recibirán revisión acelerada a través de un comité especial. Los municipios contarán con un plazo estricto e improrrogable de 30 días para presentar comentarios.^[8] Los proyectos de generación energética aprobados por el Negociado de Energía calificarán automáticamente como proyectos prioritarios de impacto socioeconómico. Esto significa que los desarrolladores de red eléctrica y hoteles dejarán de competir en la misma cola de trámites. Hay un requisito que debe revisar toda persona que evalúe un terreno: antes de tramitar cualquier permiso de construcción o Registro de Uso, el solicitante deberá presentar un Certificado de Capacidad y Disponibilidad de Infraestructura emitido por la autoridad de acueductos y alcantarillados, o presentar un plan de mitigación vigente.^[7] El código vincula todas las aprobaciones de desarrollo a la capacidad física de acueducto y alcantarillado. Esta medida evita aprobaciones sobre papel, pero también significa que en algunos municipios la limitante real para construir pasará a ser la capacidad de servicios públicos, no la zonificación. Dónde se concentra la controversiaEl margen de 28 contra 24 refleja fielmente el estado de esta reforma: se aprobó, pero bastaba un solo voto cambiante para que no hubiera pasado.^[3] Las delegaciones del PPD, PIP y Proyecto Dignidad, además de organizaciones ambientales, criticaron el proceso. Los puntos en disputa se centran en la redefinición de la zona marítimo terrestre y las nuevas vías para cambio de uso de terrenos rurales protegidos.^[9] El código mantiene el dominio público de todas las playas de la isla y establece una distancia máxima entre accesos públicos: 400 metros entre accesos peatonales, incluso en zonas no urbanas. Esta disposición será confirmada o modificada por el comité de conciliación.^[10] Para el sector empresarial, solo hay tres puntos clave que seguir esta semana: si el texto final de conciliación mantiene sin cambios la vía de notificación para pequeñas empresas, el plazo de 30 días para comentarios municipales y el requisito del certificado de capacidad de servicios públicos. Esas tres disposiciones son lo que separa una reforma de permisos que cambie los plazos reales, de una que solo cambie los formularios.