Un proyecto de ley de la Cámara radicado en octubre obligaría al mercado de alquileres a corto plazo de Puerto Rico a inscribirse en un único registro obligatorio. Las cifras detrás de esta medida explican por qué anfitriones, plataformas y la Compañía de Turismo tienen todos algo que ganar con ella. ^[1] Empecemos por las recaudaciones. La Compañía de Turismo de Puerto Rico registró 142.5 millones de dólares en ingresos por impuesto de ocupación hotelera en 2024, un aumento del 87 por ciento con respecto al año prepandémico 2019. ^[2] Los alquileres a corto plazo aportaron 38.8 millones de dólares de ese total. ^[3] La brecha se concentra donde la automatización es más débil: de los 27 millones de dólares en deuda pendiente de impuesto de ocupación adeudada por visitantes, 9.3 millones de dólares corresponden a anfitriones registrados directamente ante la Compañía de Turismo, en lugar de hacerlo a través de plataformas. ^{[4] [5]} El propio mercado superó el alcance de la ley de 2003 que debía regularlo. Los alquileres a corto plazo pasaron de representar el 28 por ciento de la demanda total de alojamiento en enero de 2019 al 48 por ciento en enero de 2025, aportando casi 77 millones de dólares de los 207 millones de dólares en ingresos por alojamiento de ese mes. ^[6] No obstante, un estudio de 2026 de Estudios Técnicos estima que existen aproximadamente 33 000 unidades de alquiler a corto plazo en la isla. No existe un conteo oficial, ya que el requisito de inscripción establecido en la ley desde 2003 nunca se ha cumplido de forma generalizada. ^[7] El Proyecto de la Cámara 1518, radicado el 15 de octubre por el presidente de la Cámara Carlos Méndez Núñez y el representante Axel Roque, enmendaría la Ley 272-2003 para crear un registro uniforme, obligatorio y de cobertura insular, además de prohibir a los municipios prohibir totalmente los alquileres a corto plazo. ^[8] También estandarizaría las responsabilidades de las plataformas digitales de alquiler. ^[9] La alianza de anfitriones Viva Puerto Rico apoya la medida. ^[10] El proyecto espera ser considerado en la sesión de enero de 2027. ^[11] La división que se observa en los datos de recaudación de 2024 es la clave de todo este asunto: el 85 por ciento de lo recaudado por alquileres a corto plazo, 32.8 millones de dólares, fue remitido a través de plataformas que tienen acuerdos de cobro con la Compañía de Turismo, mientras que los anfitriones registrados de forma individual solo aportaron 5.8 millones de dólares. ^{[12] [13]} El detalle del diseño que vale la pena seguir es lo que este proyecto NO hace: no crea ningún impuesto nuevo. El impuesto de ocupación ya existe. Lo que falta es un registro universal que haga del cumplimiento la opción por defecto y permita verificar las recaudaciones. Para los anfitriones, un registro funcional significa claridad legal y el fin de la competencia desleal de operadores no inscritos. Para los 78 municipios, significa saber finalmente dónde se ubican las unidades, y cobrar el impuesto de ocupación que sus visitantes ya deben. La brecha que busca cerrar este proyecto no es un mercado fallido. Es un registro fallido.