Abogados de inmigración, dirigentes magisteriales y defensores de derechos humanos se opusieron el viernes a las enmiendas al Proyecto del Senado 1062 de Puerto Rico que regula las intervenciones de ICE en las escuelas públicas. ^[1] El Proyecto del Senado 1062 de Puerto Rico fue aprobado por el Senado el 5 de noviembre, remitido a la Comisión de Educación de la Cámara, y no recibió el voto final de este cuerpo antes de que finalizara la sesión ordinaria. ^[2] Las intervenciones de ICE en escuelas deben cumplir con los requisitos legales y proteger la integridad física, emocional y psicológica de los estudiantes. ^[3] Proyecto Dignidad defiende el imperio de la ley y reconoce la autoridad federal para hacer cumplir las leyes migratorias de los Estados Unidos. ^[4] Abogados de la ACLU indicaron que el artículo 7(a) enmendado eliminó los requisitos explícitos de contar con órdenes judiciales válidas antes de intervenciones de ICE en planteles escolares. ^[5] La directora ejecutiva de ACLU Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, declaró que la Cámara debe corregir las enmiendas del Senado, restablecer las protecciones originales y celebrar audiencias públicas sobre el proyecto. ^[6] Según las directrices de Proyecto Dignidad, los padres deben ser notificados antes de que las autoridades migratorias interactúen con menores en las escuelas. ^[7] De acuerdo con Proyecto Dignidad, las escuelas deben proteger la privacidad de los expedientes estudiantiles y la información personal. ^[8]