La Cámara de Comercio de Puerto Rico dejó de describir el problema económico de la isla en términos generales y comenzó a ponerle precio, usando la industria que todo el mundo puede ver desde la carretera: los carros. En un seminario para importadores de autos, el presidente de la Cámara, José Julio "Che" Aparicio Laspina, enmarcó lo que llama una emergencia económica nacional, y el sector de autos aporta el recibo. La venta de vehículos nuevos cayó 9% en 2025 a cerca de 110,000 unidades^[1], y la baja se profundizó este año, con una reducción de aproximadamente 13% de enero a septiembre^[2]. Con la industria sosteniendo cerca de 36,000 empleos entre concesionarios, talleres de reparación, bancos, cooperativas, aseguradoras y transporte marítimo^[3], un mal año en un lote de carros es un evento que cruza industrias. El problema de los tramos, en dos números. El recaudo del arbitrio sobre vehículos subió de $300 millones en 2015 a $740 millones en 2024^[4], más del doble sin que la isla comprara el doble de carros. La causa es aritmética: los precios subieron mientras los tramos del arbitrio permanecieron congelados. La solución de la Cámara es el mismo principio de "base alta, tasa baja" que una coalición de negocios lanzó el 1 de mayo^[5]: recortar exenciones, bajar tasas, simplificar las planillas, ahora redactándose con la Asociación de Industriales, el Colegio de CPA y el Centro Unido de Detallistas. Lo que la isla realmente controla. El punto más agudo de Aparicio es comparativo. Suiza abolió los aranceles de importación sobre bienes industriales, incluyendo carros, el 1 de enero de 2024^[6]. Nueva Zelanda eliminó sus aranceles restantes sobre autos en 1998^[7]. La red de acuerdos comerciales de Chile ha empujado su arancel efectivo de importación por debajo de 1%^[8]. Ninguna de esas palancas le pertenece a Puerto Rico: los aranceles y el transporte marítimo bajo la Ley Jones se fijan en Washington. Pero los tramos del arbitrio, el proceso de permisos y el costo de financiar y asegurar un vehículo son locales, y ahí es donde apunta la Cámara: indexación contributiva, permisos más rápidos y alivio de emergencia en la electricidad usando el fondo de emergencia del gobierno^[9]. Por qué la urgencia. La factura de la luz es el centro de gravedad del argumento. Los precios de la electricidad comercial subieron 31% desde 2019^[10], las tarifas residenciales alcanzaron un récord de 33.86 centavos por kWh en octubre^[11], y el Centro Unido de Detallistas advierte que hasta 12,000 negocios pequeños y medianos podrían cerrar, poniendo en riesgo 70,000 empleos^[12]. La reforma de permisos ya avanza: el Senado aprobó su proyecto el 13 de octubre^[13], y el 12 de noviembre es el último día para la aprobación en la sesión actual^[14]. Para los dueños de negocios, la lectura práctica es un calendario, no un eslogan. Observe los votos finales del proyecto de permisos, las simulaciones de reforma contributiva que la Junta ya realiza con las coaliciones de negocios, y la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal sobre el alivio de emergencia en electricidad. Tres decisiones locales, todas pautadas, mostrarán si la "libertad económica" es mercadeo o política pública.