La Junta de Supervisión Fiscal pidió al Tribunal Supremo de Puerto Rico desestimar las demandas pendientes que buscan cancelar el contrato de transmisión y distribución de LUMA Energy, al entrar directamente en la disputa el martes.^[1] La Junta radicó una solicitud para intervenir como amicus curiae en los casos consolidados CT-2025-0006 y CT-2025-0007.^[2] En su alegato, la Junta argumentó que el Gobierno de Puerto Rico no tiene fundamentos legales válidos para terminar el contrato de operación de la red bajo las razones que citó.^[3] La Junta expresó llanamente que el gobierno no puede terminar legalmente el contrato por esos fundamentos.^[4] El tribunal, por su parte, limitó la documentación. Resolvió que no se aceptarán más radicaciones escritas no solicitadas en los casos consolidados de LUMA, a menos que el tribunal las pida de manera explícita.^[5] Sobre los documentos de LUMA retenidos en el expediente, el tribunal dijo que no había hecho determinación alguna sobre sus méritos, valor legal o implicaciones.^[6] Josué Colón Ortiz, director ejecutivo de la AAPP y Zar de Energía, dijo que la resolución del martes que mantiene los documentos de LUMA en el expediente no significa que el tribunal aceptó los argumentos de LUMA.^[7] La radicación como amicus coloca ahora a la Junta en récord en contra de la cancelación antes de que los jueces evalúen los méritos.^[8]