La ACLU de Puerto Rico dice que el gobierno de la isla entregó a las autoridades federales de inmigración datos residenciales confidenciales de más de 6,000 inmigrantes. La directora ejecutiva, Annette Martínez Orabona, hizo la declaración, que fue radicada el 25 de octubre.^[1] El señalamiento tiene que ver con datos entregados a ICE. Martínez Orabona había dicho antes, el 23 de febrero de 2025, que agentes de ICE realizaron redadas en comunidades de inmigrantes a partir del 20 de febrero de 2025.^[2] El comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, dijo el 26 de octubre que ha denunciado que el gobierno de Puerto Rico compartió datos personales de inmigrantes con las autoridades federales.^[3] Las dos declaraciones coinciden sobre la misma conducta desde esquinas distintas: un grupo de libertades civiles contando expedientes, y la única voz de la isla en el Congreso diciendo que ha objetado. Una nota sobre lo que se mide y lo que se afirma aquí: ambas cifras mencionadas provienen de personas que describen la entrega, no de un documento en este expediente. El número que hay que verificar es el de los más de 6,000 expedientes residenciales, y quién autorizó su transferencia.