Las empresas titulares de decretos de incentivos de Puerto Rico informaron al gobierno que vendieron bienes y servicios por 114.72 mil millones de dólares en 2024.^[1] Esta cifra es el eje del informe anual de incentivos que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) presenta al Gobernador y a la Legislatura conforme al artículo 6011.08 de la Ley 60-2019, publicado el 26 de mayo de 2026.^[2][3] La manufactura acogida a los decretos históricos de la Ley 73/83 representó 83.34 mil millones de dólares del total.^[4] Los titulares de decretos de manufactura de la Ley 135 sumaron 8.90 mil millones de dólares.^[5] Las empresas de servicios de exportación que operan bajo la Ley 20 reportaron 22.48 mil millones de dólares.^[6] Se trata de ventas declaradas: corresponden a las presentaciones propias de los titulares de decretos, son un recuento bruto de ingresos y no una medición del valor agregado. Esta cifra debe compararse con el tamaño de la economía total de Puerto Rico, no tomarse como equivalente a la misma. Los puestos de trabajo asociados a estas ventas también son declarados por las propias empresas, y su volumen es elevado: 119.439 en total entre los tres programas durante 2024.^[7] Los manufactureros de la Ley 73/83 reportaron 84.474 puestos, 28.472 más de los que comprometieron en sus decretos, un exceso del 50,8 por ciento.^[8][9] Los manufactureros de la Ley 135 informaron 14.028 empleados a tiempo completo.^[10] Las firmas de servicios de exportación de la Ley 20 reportaron 20.937 puestos.^[11] La nómina total declarada suma aproximadamente 5.50 mil millones de dólares.^[12] Los inversionistas residentes titulares de decretos de la Ley 60 presentan un perfil distinto. Este grupo reportó 3.505 empresas operando en Puerto Rico,^[13] gastos por 612,8 millones de dólares en la isla y propiedades por un valor de 8.14 mil millones de dólares.^[14][15] También informaron donaciones por 33,5 millones de dólares, con una mediana de 10.000 dólares entre quienes realizaron aportes.^[16][17] Como respuesta a las cifras autodeclaradas, el gobierno ha implementado mayores mecanismos de verificación. El IANE, la declaración anual que deben presentar todas las empresas exentas titulares de decretos, se amplió de 5 a aproximadamente 20 programas,^[18] y la cantidad de presentaciones aumentó un 161,4 por ciento en solo un año.^[19] Durante la ronda de auditorías de 2025, la oficina de incentivos emitió 305 notificaciones de deficiencia y multas,^[20] y procesó 887 renuncias voluntarias a decretos.^[21] El propio informe reconoce abiertamente los problemas con los plazos: indica que las fechas límite del 30 de septiembre y 31 de enero no pueden cumplirse en la práctica,^[22] ya que las declaraciones anuales de los titulares de decretos vencen hasta el 15 de noviembre del año siguiente.^[23] La próxima fecha límite es inminente: como señaló Metro esta semana, el plazo para presentar el IANE vence el lunes 16 de noviembre de 2026.^[24]