La Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico le dijo al Tribunal Supremo de la isla el 20 de octubre de 2026 que cancelar el contrato de LUMA Energy causaría consecuencias catastróficas para el suministro de electricidad.

La Junta presentó un escrito amicus curiae en el litigio sobre el contrato de LUMA. Le puso precio a la terminación: más de $250M en cargos contractuales, además de obligaciones adicionales. LUMA es el administrador y operador privado de la red, que maneja las autorizaciones de interconexión y el despacho de electricidad.

La Junta también cerró las dos vías de regreso. Señaló que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico ya no tiene suficiente personal para reanudar el manejo de la red por sí misma. Y señaló que actualmente no existe un operador alterno capaz, y que el gobierno no ha identificado un operador privado cualificado para reemplazarlo.

El gobierno no ha cedido el contrato. El zar de energía, Josué Colón Ortiz, dijo que el gobierno mantiene que el documento de extensión del contrato de LUMA es legalmente inválido. Esa posición y el escrito de la Junta ahora están en lados opuestos del mismo caso ante el tribunal.