Una propuesta legislativa que ahora evalúa la Cámara reharía una de las reglas más antiguas del derecho de propiedad en Puerto Rico: la obligación de dejar una porción reservada de una herencia a ciertos parientes. El Proyecto de la Cámara 1468, radicado por el representante Carlos "Johnny" Méndez Núñez a petición de Omar Abdel Hadi Fernández, enmendaría el Código Civil para eliminar la legítima, la porción de una herencia que la ley de Puerto Rico actualmente reserva por estatuto para herederos designados^[1]. Bajo el proyecto, cualquier persona con capacidad legal para otorgar un testamento podría distribuir todos sus bienes transmisibles como mejor le parezca^[2], en lugar de apartar primero las cuotas forzosas. Por qué la cuota forzosa importa más allá de la familia El Código Civil de Puerto Rico sigue la tradición del derecho civil, en la que la libertad de un padre para disponer de su propiedad por testamento siempre ha sido parcial. La consecuencia práctica le resulta conocida a cualquier familia que haya heredado una casa aquí: hasta un deseo escrito con claridad puede ser litigado por un heredero que tenga un reclamo estatutario, y la propiedad queda en disputa mientras las partes llegan a un acuerdo. Esa fricción agrava el problema de vivienda de la isla. Economistas y analistas de vivienda han pasado el 2026 documentando un mercado donde la oferta se queda corta frente a la demanda y los precios siguen subiendo; las casas sin usar en los cascos urbanos son la oferta más fácil de señalar y la más difícil de movilizar, porque los títulos están enredados entre generaciones de coherederos. Una regla que estreche el espacio para las disputas tras la muerte es, en efecto, una medida de oferta de vivienda disfrazada de derecho sucesorio. Los autores del proyecto lo plantean como autonomía: la capacidad de premiar a un hijo que cuidó de un padre envejeciente, proveer para un descendiente en particular, o dejar una herencia a una institución^[3]. Fernández ha llamado a colegios profesionales, asociaciones de negocios y organizaciones comunitarias a expresarse durante el proceso legislativo^[4]. Lo que no cambiaría La propuesta es más estrecha de lo que puede parecer a primera vista. La sucesión intestada, las reglas que aplican cuando alguien muere sin un testamento válido, quedaría intacta^[5], de modo que la mayoría de las transferencias que ocurren sin planificación patrimonial continúan bajo el marco actual. El proyecto también incluye protecciones en torno a la vivienda familiar, incluyendo la atribución preferente y un derecho de habitación para el cónyuge sobreviviente^[6]. Y el debate sobre las salvaguardas está vivo. El propio Fernández ha señalado la necesidad de evaluar protecciones para menores y dependientes, la prevención de fraude, y la protección contra presión indebida sobre los testadores, el costo habitual de ampliar la libertad testamentaria, y la razón por la que la mayoría de las jurisdicciones que abolieron las cuotas forzosas lo hicieron junto con esas barreras de protección. El porqué importa Para los dueños de propiedad, el proyecto es una opción a vigilar, no un hecho consumado: es una propuesta, no ley, y las reglas de herencia vigentes permanecen plenamente en efecto hasta que la Legislatura actúe^[7]. Para los formuladores de política que buscan oferta, pertenece a la misma conversación que los inventarios de propiedades vacantes y los permisos: aclarar los títulos es más barato de arreglar que la nueva construcción, y este proyecto movería la ley hacia ello. Si las salvaguardas pueden trazarse con suficiente rigor para aprobarse, y si los sistemas notarial y registral de la isla pueden absorber los testamentos resultantes, decidirá si alguna vez llega a ser más que un buen argumento.