El Procurador del Veterano de Puerto Rico, Agustín Montañez Allman, exhortó a las agencias de gobierno a implementar los beneficios para veteranos establecidos en la Ley 203-2007.^[1] El estatuto, aprobado el 14 de diciembre de 2007, es la carta de derechos de los veteranos de la isla. Les concede a los veteranos cualificados preferencia en las transacciones de propiedad del gobierno, matrícula gratuita en las instituciones públicas de educación superior para los estudiantes veteranos elegibles, y el requisito de que las agencias rindan cuentas anualmente sobre los beneficios para veteranos.^[2][3][4][5] Lo que está en juego es amplio. Alrededor de 69,000 veteranos registrados viven en Puerto Rico, y más de 50,000 reciben algún tipo de incentivo gubernamental.^[6][7] El alivio en la contribución sobre la propiedad varía según la discapacidad: una exención adicional de $5,000 para un veterano sin clasificación de discapacidad, $50,000 con 50 por ciento o más de discapacidad, y una exención total para la discapacidad total.^[8][9][10] El exhorto, en expresiones presentadas el 12 de octubre, señala la brecha entre el estatuto y su cumplimiento. Cuáles agencias incumplieron, y en cuáles beneficios, es lo que la oficina del procurador aún no ha detallado.