La Contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, indicó el 27 de octubre de 2026 que una auditoría halló $13,257,577 en pagos indebidos de pensiones a 9,180 personas fallecidas entre 2020 y 2025. ^[1][2][3][4] La Contralora concluyó que la falta de controles internos y la ausencia de intercambio de datos con los registros demográficos causaron los pagos indebidos. ^[5] La Contralora refirió los hallazgos al Secretario de Justicia para la recuperación legal de los fondos y una posible persecución criminal. ^[6] Una pensionada fallecida el 1 de febrero de 2016 recibió 93 pagos por un total de $75,462 hasta el 31 de agosto de 2026, con algunos cheques depositados en Kansas. ^[7] La contralora recomendó acción legal para recuperar los fondos y la implementación de sistemas automatizados de verificación de muertes. ^[8]