La Asociación de Industriales de Puerto Rico presentó un breve amicus curiae ante la Corte Suprema de Puerto Rico el 7 de octubre de 2026, en el caso sobre la oferta del gobierno para cancelar el contrato extendido de operación de la red de LUMA Energy.^[1] La Corte Suprema autorizó a la AIPR a aparecer en el caso, que involucra a la Autoridad de Asociaciones Público-Privadas, la Autoridad de Energía Eléctrica, LUMA Energy y el Gobierno de Puerto Rico.^[2] La asociación argumentó que anular el contrato activo de LUMA dañaría la credibilidad comercial internacional de Puerto Rico y reduciría la confianza de los inversionistas.^[3] El breve llega en medio de un disputa aguda sobre el precio. El 6 de octubre, la gobernadora Jenniffer González calificó de falsa la estimación de $1.3 mil millones de costo de cancelación de LUMA.^[4] El mismo martes, el Gobierno de Puerto Rico rechazó la cifra de $1.3 mil millones que LUMA presentó a la corte para una terminación anticipada.^[5] El experto en PROMESA Rolando Emmanuelli, también el 6 de octubre, calificó de irresponsables las advertencias de LUMA sobre los costos de terminación.^[6] Una pregunta separada sobre la revisión del contrato se cierne sobre la lucha. La Junta de Supervisión Fiscal dijo el 9 de octubre que algunas agencias gubernamentales creen incorrectamente que la autorización de la OMB satisface la revisión del contrato requerida bajo la Sección 204(b)(2) de PROMESA.^[7] Así que ahora dos números se enfrentan ante la corte: los $1.3 mil millones de LUMA y un gobierno que dice que es falso.