El director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico ordenó a Genera PR asumir de inmediato el control de las compras de gas de reemplazo para la planta Central San Juan. ^[1] Josué A. Colón Ortiz emitió la orden por el conflicto de intereses declarado con New Fortress Energy. La gobernadora Jenniffer González Colón ha indicado que todas las opciones legales sobre el control de la terminal de descarga de gas natural de la empresa siguen bajo revisión activa. ^[2] El Tribunal Supremo de Puerto Rico admitió a la Asociación de Industriales como parte interviniente en el caso judicial entre el gobierno territorial y LUMA Energy por el contrato de privatización del servicio eléctrico. ^[3]