El Departamento de la Familia de Puerto Rico está bajo investigación por cuatro entidades distintas y ahora enfrenta una demanda de $2.5 millones, luego de que la agencia actuara en octubre para cerrar un centro de cuidado de niños en San Juan y su manejo de una subasta provocara un recurso en los tribunales. El Nuevo Día informó el 15 de octubre que el Senado, el Departamento de Justicia, autoridades federales y la Oficina del Inspector General de Puerto Rico investigan todos el proceso seguido por el Departamento de la Familia.^[1] Son cuatro revisiones en marcha a la vez sobre cómo la agencia hizo su trabajo. En el centro de los cierres está Arcoíris de Esperanza, un centro de cuidado de niños en San Juan. WAPA.TV informó el 21 de octubre que el Departamento de la Familia ordenó el cierre del centro.^[2] Ey Boricua informó al día siguiente que la orden era de cierre permanente inmediato del Centro de Cuidado y Desarrollo Arcoíris de Esperanza.^[3] La demanda recae sobre la misma agencia. Metro Puerto Rico informó el 23 de octubre que Coccoloba AgroEnvironmental LLC y su presidente, Christian W. Torres Santana, presentaron una demanda de $2.5 millones en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, LAP Consulting Group, miembros del comité de subasta y el Gobierno de Puerto Rico.^[4] El Nuevo Día informó ese mismo día que Torres presentó la demanda civil de $2.5 millones el viernes, nombrando a Roig, al Gobierno de Puerto Rico, a LAP Consulting Group y a tres miembros individuales del comité.^[5] En conjunto, las pesquisas y la demanda apuntan a un escrutinio sostenido sobre cómo el Departamento de la Familia lleva a cabo su proceso.