LUMA Energy informó al Tribunal Supremo de Puerto Rico que cancelar su alianza público-privada con la Autoridad de Energía Eléctrica costaría a los abonados de la AEE y al Fondo General alrededor de 1.3 mil millones de dólares.^[1] Esta alianza es el contrato por el cual LUMA Energy asumió la operación de la transmisión y distribución de energía de la AEE.^[2] En una declaración jurada, la presidenta ejecutiva de LUMA Energy, Janisse Quiñones, indicó que al menos 726 millones de dólares de ese monto corresponden a pagos obligatorios por servicios que la AEE no ha cumplido durante los últimos dos años.^[3] La Cámara de Comercio de Puerto Rico solicitó al Tribunal Supremo de Puerto Rico autorización para intervenir como amicus curiae en el caso sobre la extensión del contrato de LUMA Energy.^[4] La entidad argumentó que cancelar la alianza dañaría gravemente la credibilidad de Puerto Rico como destino para inversiones.^[5] Paralelamente se desarrolla un litigio separado por el suministro de gas. Representantes legales de New Fortress Energy indicaron que un retraso en las entregas de gas se debe a saldos impagos en disputa por 92.2 millones de dólares adeudados por la AEE.^[6] La Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico señaló que la interrupción del suministro de gas natural por parte de New Fortress Energy genera un costo de alrededor de 1.25 millones de dólares diarios por combustible de reemplazo.^[7] A este ritmo, el gasto por combustible alterno aumenta cada día más rápido que el monto adeudado en disputa.