El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico concedió un interdicto provisional solicitado por la Autoridad de Energía Eléctrica, ordenando a NFEnergía LLC que permita que suplidores alternos de gas natural lleguen a sus instalaciones. El juez de Distrito de Estados Unidos Pedro A. Delgado Hernández emitió la orden. La orden prohíbe a NFEnergía bloquear o retrasar entregas alternas de gas, y condicionar el acceso al pago de facturas que el gobierno disputa. Tiene un período inicial de vigencia de 14 días.

La orden surge luego de la moción de emergencia que la gobernadora Jenniffer González Colón dijo que su administración radicó el viernes contra New Fortress Energy. El Gobierno de Puerto Rico presentó su solicitud urgente de interdicto provisional contra NFE ante el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico el 30 de octubre. El contrato requiere que NFE active acuerdos de peaje que permitan a terceros usar sus instalaciones si no entrega gas o declara fuerza mayor.

El panorama de combustible en la central de San Juan muestra por qué el acceso importa: Genera PR confirmó que solo la Unidad 5 recibe actualmente gas natural, mientras que la Unidad 6 opera con diésel, que describió como significativamente más costoso que el gas natural. La AEE estima que la operación con diésel costó más de $18 millones tan solo en la segunda mitad de septiembre.

El reloj detrás de la moción es el buque de GNL Amur River, que la AEE dice que puede suplir la generación de San Juan solo hasta el 1 de noviembre. El propio principal oficial ejecutivo de NFE, Zak Ahmed, testificó el 29 de octubre que los cerca de 7,800 metros cúbicos de GNL a bordo durarían hasta esa fecha. La AEE dice que no se ha identificado un buque de reemplazo y no se ha ofrecido un calendario de entrega firme.

El tribunal le dio a NFEnergía 24 horas para informar el gas natural restante a bordo del Amur River. Tiene 72 horas para proveer los procedimientos y requisitos que los suplidores terceros deben cumplir para usar sus instalaciones.

La disputa va más profundo que una sola ventana de entrega: la AEE alega que NFE adeuda cerca de $45.8 millones en penalidades de Deliver or Pay para 2026, excediendo el tope de responsabilidad de $40 millones del contrato.